La economía del país al 9 de julio de 1816

El 9 de julio de 1816 un Congreso de diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia; en 1819 se proclama la Constitución. Esto vino a confirmar que el primer grito de emancipación dado por los hombres de mayo se fortalece en el Congreso realizado en Tucumán. En la actualidad se festeja el bicentenario de nuestra independencia.

Es necesario comprender la declaración de la independencia argentina de 1816 en su reiterado significado: como un movimiento realmente emancipador y como un movimiento predominantemente americanista, porque los hombres de 1816 tuvieron, como un sentido manifiesto, la democracia, es decir, la independencia para la nacionalidad  y la libertad para el individuo, pero todo dentro de un contenido estricto de solidaridad americana. Con dicha declaración se hizo una formal ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española y se renunció a toda otra dominación extranjera.

En el Congreso de 1816 se sancionó la independencia en su más amplio sentido, es decir,  que los congresales de julio en Tucumán no sólo sancionaron la independencia política  sino también la económica, porque no se concibe un país políticamente libre sin una economía libre.

El primer decenio posrevolucionario (1810-1820) estuvo signado por la lucha entre dos ciudades-puerto -Buenos Aires, y Montevideo- que disputaban el mismo hinterland, es decir la misma región continental en dependencia geográfico-económica de la cuenca del Plata. Durante esa década las provincias procuraron implantar su propio sistema económico, tendiente a salvaguardar sus artesanías y manufacturas locales cuyo exterminio era previsible ante el indiscriminado fluir de productos industriales europeos o, mejor dicho, británicos. Las barreras aduaneras interiores, la instauración del caudillismo y el régimen de pactos interprovinciales -todo ello característico de la segunda década- son índice de una lucha constante entre el librecambismo porteño y el proteccionismo provinciano.

Mientras Montevideo estuvo en poder de las fuerzas del rey, Buenos Aires fue el único y obligado puerto de ultramar para los independentistas, que nada podían esperar del puerto rival. Pero a partir de 1815 la lucha se perfiló para Buenos Aires en tres frentes. Tras la tregua de Cepeda, los unitarios, herederos de los directoriales y personemos de la burguesía mercantil porteña, pretendieron anular la influencia poderosa de los estancieros bonaerenses, capitalizando la ciudad-puerto y dividiendo a la provincia, pero el enssayo fracasó. Y la campaña comenzó a preparar su intento decisivo de hegemonía, que habría de consolidarse gracias al Pacto Federal de 1831.

La victoria del litoral sobre Buenos Aires en 1820 produjo una efectiva disgregación de los grupos sociales y engendró la inmediata reacción sucesiva de las provincias interiores, mientras la campaña bonaerense veía fortificada su privilegiada situación. Esa crisis política desarticuló en apariencia el Estado nacional, pero creó las condiciones favorables para la iniciación del régimen de pactos, base del sistema federal. Muy pronto se perfilaron buenas perspectivas en el campo financiero,

La principal fuente de ingresos del Estado eran los impuestos a la importación y al comercio, que perjudicaban a los consumidores más pobres. En cambio, los grandes propietarios bonaerenses y los grandes comerciantes, particularmente los ingleses, podían descontar sus empréstitos forzosos cuando le vendían al Estado, y terminaban convirtiéndose en acreedores del Estado y ganando influencia en sus decisiones.

La situación del interior era diferente. En algunas regiones, como en Cuyo, Córdoba, Corrientes y las provincias del Noroeste, se habían desarrollado pequeñas y medianas industrias, en algunos casos muy rudimentarias pero que abastecían a sus mercados internos y daban trabajo a los habitantes de estas regiones. Para el interior, el comercio libre significó en muchos casos la ruina de sus economías regionales, arrasadas por los productos importados más baratos y de mejor calidad.  La superioridad de recursos económicos y financieros de Buenos Aires haría que su influencia predominase en cualquier tipo de gobierno nacional.

Por lo tanto, para que las provincias pudieran eludir la dominación de Buenos Aires, era imprescindible que conservaran cierto grado de autonomía económica y fiscal; para ello era necesario lograr la autonomía política y, por lo tanto, limitar los poderes y autoridad del gobierno central. En esta disputa, por largos períodos sangrienta, transcurrirían los próximos años de la historia argentina del siglo XIX..