El Estado
como agente económico influye de diversas maneras en la economía. Para ello
cuenta con diferentes herramientas, que las va a aplicar con el fin de obtener un
beneficio social mayor al que hubiese sin la participación del mismo. Cuenta
con políticas monetarias y fiscales. También
conocidos como subvenciones
constituyen un tipo de transferencia que
representan beneficios selectivos otorgados sin contraprestación por los entes
jurisdiccionales (Nación, provincias y municipios) a determinados destinatarios
del sector privado de la economía.
Son políticas que reducen los costos o
complementan los ingresos de los consumidores y productores. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), es posible definir a los subsidios como el
resultado de una acción de gobierno que confiere una ventaja a los consumidores
o productores con el objetivo de complementar sus ingresos o reducir sus costos.
De forma similar, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) los define como ”pagos corrientes sin contrapartida que las
unidades gubernamentales hacen a las empresas en función de los niveles de su
actividad productiva o de las cantidades o valores de los bienes o servicios
que producen, venden, exportan o importan”. En esencia, son
transferencias realizadas por la Administración Pública a empresas o
consumidores para permitir que
determinados bienes y/o servicios sean consumidos (o producidos) a un precio (o
costo) inferior al necesario para cubrir los costos de producción. Estas
transferencias suelen tener dos objetivos principales: fomentar el acceso a
esos bienes o servicios por parte de segmentos específicos de la población e
impulsar el desarrollo de sectores productivos determinados
Los subsidios
a
la energía ocurren en la práctica en muchas economías y responden a
diversas circunstancias. La OECD) los ha estimado 2012 en 0.7% del PBI mundial, mientras
que en la Argentina fue según cifras oficiales más de 4 veces superior en 2014.
Existen diversas mediciones para varios países que muestran una amplia gama de
formas en que estos subsidios se implementan, sea a través de menores precios de productos energéticos utilizados
para el transporte, la industria y los hogares o más recientemente a través de
subsidios a la energía renovable,
En términos
generales – refiriéndonos ahora a los
transportes, los bienes o servicios privados son provistos por las empresas
a un precio o tarifa que permite cubrir los costos de operación e inversión y
generar un margen de rentabilidad. En ese contexto, los consumidores
que no pueden pagar el precio o la tarifa quedan, por definición, excluidos del
consumo de ese bien o servicio.
En el caso de
los servicios públicos las
situaciones son muy particulares. La exclusión
de determinados sectores económicos o grupos sociales del servicio como
resultado del nivel de la tarifa puede representar un costo social y generar
situaciones de inequidad. De esta manera, los Gobiernos usualmente buscan asegurar el acceso a los
servicios públicos de la población independientemente del nivel de la tarifa.
En particular, el transporte tiene características distintivas de otros
servicios públicos.
La existencia
de servicios de transporte responde
a la necesidad de movilizar a las personas, bienes y servicios en el espacio.
Expresan también la necesidad de integrar regionalmente a los territorios
nacionales o regionales. La provisión
del transporte ocurre a través de distintos medios como vehículos motorizados públicos y privados y
servicios guiados como subterráneos, ferrocarriles, barcos y aviones. En
términos económicos, el transporte es una demanda derivada, donde los
beneficios de consumir servicios de transporte surgen de la posibilidad de
acceder a otros bienes y servicios. A diferencia de otros servicios
públicos, el transporte es en muchos casos una respuesta del sector privado a una demanda de movilidad de determinados
grupos de la población.
(continuará)
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