En general, se entiende por subsidio a cualquier política adoptada por un gobierno que modifique (en más o en menos) el precio final de un bien o servicio o que altere el resultado que obtendrían las empresas si vendieran al precio vigente en el mercado.
Las transferencias corrientes a empresas privadas y a empresas Públicas, fondos fiduciarios y otros entes, que son las que se conocen comúnmente como los subsidios para financiar la oferta de bienes y servicios, totalizaron en 2010 unos $48.000 millones. En función del ritmo de crecimiento que vienen evidenciando estas partidas durante el 2011, se estima que podrían llegar a ubicarse entre $70.000 y $80.000 millones hacia fines de año.
El monto destinado a subsidiar la provisión de ciertos servicios, principalmente el transporte, la energía y el gas, ha crecido de manera importante, representando un porcentaje cada vez mayor de las erogaciones del Estado Nacional. Es evidente que frente a la erosión que está sufriendo el ahorro público, sumada a la probable desaceleración de la economía en un contexto internacional complicado, la financiación de los subsidios en su magnitud actual se torna cada vez más difícil.
Estos subsidios han evidenciado un importante aumento de participación en los últimos cuatro años, pasando de representar en conjunto un 17% en 2006, a llevarse en 2010 el 46% del total de transferencias corrientes de la Administración Nacional. Las Asignaciones Familiares también registraron un ligero incremento de participación, pasando de representar un 14% en 2006 a un 17% en 2010. Por el contrario, las transferencias al Instituto Nacional de seguro social, jubilaciones y pensiones INSSJyP(Pami), Universidades, Provincias y Municipios, y el resto, han perdido importancia en el total de transferencias corrientes.
Los subsidios introducen modificaciones en los precios relativos de la economía. Es decir, al otorgarse un subsidio para impedir que aumente el precio de un bien o servicio, lo que se está haciendo es abaratar este bien con relación al resto de los bienes de la economía que no se encuentran favorecidos por este esquema. Este abaratamiento del bien o servicio subsidiado genera en las familias efectos que llevan a que se consuman más cantidades del bien o servicio subsidiado, a la vez que por el lado de la oferta se tiende a desalentar la inversión en nueva infraestructura que permita en un futuro obtener una mayor producción de estos bienes y servicios. A su vez, cuando se introducen subsidios en la magnitud que han adquirido hoy en día en Argentina, se genera un impacto expansivo en el nivel de actividad y en consecuencia sobre la economía, fomentado por el mayor consumo y/o la mayor producción de los bienes y servicios favorecidos. A la inversa, una eliminación de los subsidios tendría efectos sobre la economía de manera contraria.
Los subsidios también poseen impacto en la distribución del ingreso personal, en el sentido que pueden favorecer a personas de distintos estratos poblacionales. A su vez, si los subsidios son distribuidos de una manera desigual entre las distintas provincias, existe un efecto regional de importancia a tener en cuenta.
En definitiva, al momento que se decida una eliminación relevante de los actuales subsidios a la producción, es clave que se estudie la manera de mejorar sus efectos tanto sobre la eficiencia como sobre la equidad en el uso de los mismos, y evitar que se terminen acentuando las actuales distorsiones existentes.
Un subsidio puede ser importante en una etapa de inicio o desarrollo de alguna actividad, debieran ser mantenidos solo en forma temporal y no permanente, debido a los incentivos y distorsiones que crean a su alrededor, y la dificultad que se tiene para eliminarlos a medida que se van volviendo más relevantes y son percibidos como una política de largo plazo.
Los que están a favor de estos mecanismos indican que resultan útiles para corregir imperfecciones del mercado, mejorar el acceso de las poblaciones menos favorecidas a más y mejores bienes y servicios. Por otro lado, mientras en los países avanzados hay una tendencia a restringir el uso de los subsidios, en América Latina siguen siendo muy difundidos y con una tendencia creciente en los últimos años. Los que son partidarios de su eliminación mencionan aspectos que van desde la elevada carga que suelen generar sobre la caja de los gobiernos, las ineficiencias que generan y hasta ponen en duda que realmente beneficien a los más pobres.
En nuestro país, recientemente, a través de la Resolución Conjunta 693 y 1900 publicada en el Boletín Oficial, se señala que una Comisión "trabajará mancomunadamente con los distintos ministerios, organismos y todas aquellas cámaras de los distintos sectores de la economía, entes reguladores y asociaciones que representen a los distintos sectores". La comisión fue creada para analizar el impacto de las transferencias directas sector por sector.
El Grupo de Trabajo deberá mantener "en forma permanente" a los funcionarios, "con el fin de proponer y dictar las normas que resulten necesarias parta llevar adelante la revisión y adecuación de los subsidios". En los argumentos, se explicó que "la actual crisis económica internacional impone al Gobierno Nacional instrumentar las políticas adecuadas para garantizar la competitividad, el proceso de industrialización y el acceso universal a los servicios públicos, asegurándose el mantenimiento del desarrollo económico de todos los argentinos".
El Gobierno anunciaba la eliminación de los subsidios nacionales para entidades financieras, juegos de azar, aeropuertos internacionales (principalmente Ezeiza y Aeroparque), puertos fluviales de pasajeros, telefonía móvil de jurisdicción nacional, minas y extracción de hidrocarburos.
Fuente: Inst. Argentino de Análisis fiscal. Fundación para el cambio.
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