La coparticipación federal olvidada

Desde hace varios años, se procura que la ley de participación se revea buscando una mayor justicia en el reparto. Pero en este aspecto no existen signos de llevar a cabo en nuestro país un debate serio sobre el tema. La división y el reparto de los impuestos coparticipables tienen una característica en la estructura actual que es, precisamente, su complejidad. Equidad, solidaridad y desarrollo; esos tres objetivos fueron trazados hace casi 14 años por los constituyentes que reformaron la Carta Magna Nacional para el nuevo esquema de distribución de los fondos de coparticipación federal de impuestos. Sin embargo, esos principios están cada vez más alejados en el esquema vigente En el último mes del año 2007 las transferencias automáticas de recursos nacionales a las provincias ascendieron a 5211 millones aproximadamente; realizadas por intermedio del Banco de la Nación Argentina. El incremento interanual que se dio en el último mes de 2007 fue el mayor de los registrados en el año: un 38,8%. Pero más allá del crecimiento nominal del dinero que reciben las provincias en conceptos de impuestos, las jurisdicciones fueron perdiendo terreno frente a la Nación. Comparando lo recaudado nacional y las transferencias automáticas por coparticipación a las provincias – que comprende el régimen de coparticipación federal de impuestos más las modificaciones y las normas complementarias – durante diciembre de 2007 surge que éstas recibieron un 31,6% de la recaudación total del gobierno nacional en concepto de impuestos y aduanas, sin computar los recursos de seguridad social, mientras que para el acumulado en todo 2007, la cifra alcanzaba al 32,9%. Esto sería, ciertamente, un incumplimiento con el mínimo que la ley establece para que sea girado a las provincias. Los cálculos eran reveladores que desde 2002 hasta el comienzo de 2008, las provincias habían resignado a favor de la Nación 9390 millones de pesos, que equivalían a una pérdida mensual promedio de $ 134 millones en conceptos de transferencias automáticas de recursos distribuibles por coparticipación. Sin embargo, parecería que las provincias, en general, no han demostraran mucha inquietud. Es conveniente también señalar que la parte impositiva en poder de la Nación será mayor pues con la suba de las retenciones a las exportaciones – que no son coparticipables - los recursos fiscales estarán aún más centralizados. Las provincias obtienen idealmente una mayor cantidad de dinero porque existen varios impuestos de esa naturaleza que se ajustan por inflación, aunque debe recordarse que los indicadores, estando manipulados desde el INDEC, no ajustarían las cifras a una realidad. En lo demás, las jurisdicciones conseguirán fondos de acuerdo a sus poderes de negociación con las autoridades nacionales. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizando una simple operación matemática – dividiendo el total de recursos coparticipables que recibía cada provincia, por la cantidad de habitantes -, llegaba a la conclusión que: Tierra del Fuego, con más de 5000 pesos por año por cada fueguino era la más beneficiada. En orden le seguían Santa Cruz, Catamarca y Formosa. En el otro extremo del análisis estaba Santa Fé, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, siendo la Capital Federal la que menos impuestos por esos conceptos recibe. En una distribución en miles de millones de pesos de las transferencias automáticas realizadas a las provincias en 2007 por recursos coparticipables más otros regímenes especiales, se puede apreciar los importes girados a cada jurisdicción.(es bueno considerar los habitantes que tenía a ese año cada provincia): Buenos Aires, 10,9; Santa Fé, 4,78; Córdoba 4,68; Chaco, 2,61; Entre Ríos, 2,57; Tucumán, 2,52; Mendoza, 2,21; Santiago del Estero, 2,16; Salta, 2,07; Formosa, 1,88; Corrientes, 1,99; Misiones, 1,78; San Juan, 1,74; Jujuy, 1,51; Río Negro, l,31; Catamarca, 1,4; San Luis, 1,17; La Rioja, 1,07; La Pampa, 0.98; Neuquén, 0,93; Santa Cruz, 0,83; Chubut, 0,867; Tierra del Fuego, 0,65. Total, conforme a esta distribución: $ 52,607. Hace más de diez años que debería haberse sancionado una nueva ley de coparticipación federal, según la Constitución Nacional. En este sentido, la Constitución brinda algunas pautas bien precisas: la ley establecerá una distribución primaria que respete los servicios y funciones que cada jurisdicción administra, y una distribución secundaria que sea equitativa, solidaria, haga posible un grado equivalente de desarrollo y brinde igualdad de oportunidades en todo el país. Una reforma de este tipo implicará la aprobación en el Congreso y en cada legislatura provincial. Hasta el momento la Nación está comprometida a transferir un fondo fijo a las provincias, pero con el tiempo en estos lugares aumentó la cantidad de alumnos, cambiaron los salarios docentes, pero el monto continuaba fijo. Además, se crearon impuestos nacionales no coparticipables – retenciones – o que sólo se distribuye en parte – impuesto al cheque -, que no necesariamente responden a una mayor responsabilidad del gobierno nacional. Según una proyección efectuada por Economía & Regiones, este año las provincias perderán $ 687 millones mensuales -en promedio-, ya que la Nación infringe con lo establecido en la Ley 23.548 que garantiza la distribución de un 34% de la recaudación nacional a las 24 jurisdicciones del país. Además, desde hace 12 años ningún Gobierno cumplió tampoco con la puesta en práctica de un nuevo régimen de distribución de recursos coparticipables. Un dato ilustrativo de la distribución Nación-Provincias del 2005: la recaudación nacional total, neta de impuestos al comercio exterior, aportes personales y contribuciones patronales, alcanzó a $ 86 mil millones. De esa suma se transfirieron a las Provincias $ 34 mil millones. Esto explicita una distribución de 60,2% para la Nación y de 39,8% para Provincias. Si incluimos retenciones los porcentajes serían: Nación: 65.2% ($64 mil millones), Provincias: 34.8% ($34 mil millones) Fuente: Economía&Regiones, con estadísticas del Ministerio de Economía. Cippec