Algo más sobre las retenciones a las exportaciones agrarias

Las retenciones se han aplicado generalmente con el fin de "compensar" los efectos negativos de una brusca devaluación en términos redistributivos. Es aconsejable en países exportadores de alimentos como es el caso argentino acompañar el ajuste del tipo de cambio con retenciones a las ventas externas, pero de un modo transitorio y no permanente. En estos términos, puede aceptarse que este instrumento de política económica no revista el carácter de impuesto. En marzo se acaban de aumentar nuevamente las retenciones al agro pero ahora haciéndolas móviles. Debe recordarse que los productores agrícolas argentinos aportaron solamente en 2002, plena post devaluación, 17 mil millones de dólares. Este dinero que salió de los productores permitió sacar a nuestro país de la crisis más aguda de su historia.. Sin embargo, esta operatividad no se detuvo, hoy 6 años después se siguen aumentando las retenciones al agro para continuar sosteniendo políticas económicas. Trataremos de resumir algunas aclaraciones surgidas de distintas entidades y sectores especializados: El nuevo sistema de retenciones móviles establece que mientras más alto es el valor de la soja FOB, más será el aumento de las retenciones. Analistas confirmaban el perjuicio y explicaban el esquema de retenciones móviles, variables y crecientes: para el caso de la soja, los nuevos derechos de exportación marginales van restando a medida que el precio es mayor. En esta escala para la primera instancia, de 0 a 200 dólares la tonelada, de cada billete de 100 dólares, el gobierno se queda con 23,5 dólares. En el siguiente escalón, hasta 300 dólares, por el nuevo billete de 100, se queda con 38 dólares. Y así hasta llegar a un nivel de precios de más de 600: cada 100 dólares adicionales el gobierno le da al productor sólo 5 dólares y se queda con los otros 95, expresaban. Según algunos, lo peor es que se pone un techo a los precios y con eso se hace caer la expectativa de inversión tecnológica de todos los productores, que no se van a arriesgara a invertir más. Con el nuevo sistema el gobierno podría recaudar u$s. 11.386 millones por retenciones. Eso representaría una compra de 218.195 tractores y 65004 cosechadoras, agregaban otros analistas. Haciendo referencia al anterior aumento del 27 al 35% de las retenciones a la exportación de soja N. Roulet (Vicepresidente de CRA – Confederaciones Rurales Argentinas), hacía los siguientes cálculos: “con una superficie proyectada de siembra de soja de 16,5 millones de hectáreas y un rinde estimado por hectárea de 3 toneladas, el país podría tener con la campaña que se estaba sembrando una cosecha de la oleaginosa de 49,5 millones de toneladas (también hay estimaciones de que se podría llegar a 50 millones de toneladas). A un precio, a esa fecha, de 365 dólares FOB la tonelada (sin retenciones), representaba un ingreso bruto de 18.067 millones de dólares para todo el complejo sojero en 2007/2008; descontados los costos de producción, de US$ 6497 millones, luego quedaban US$ 11.570 millones como ingreso neto por la operación”. Agregaba que "de esa cifra (por los 11.570 millones de dólares), el Estado se quedaba con 9200 millones de dólares; 6324millones de dólares por retenciones [en la soja el tributo subió del 27,5 al 35% en el grano y del 24 al 32% en la harina y el aceite] y el resto, 2876 millones de dólares, por Ganancias, ingresos brutos, Bienes Personales, el impuesto al cheque y el inmobiliario. El Estado se estaría llevando el 80 por ciento de la ganancia de la soja. Por su parte, el productor se quedaba con 2370 millones de dólares, un 20 por ciento del negocio". En el análisis se recordaba que la agroindustria constituye el 36% de la mano de obra ocupada, el 20% del producto bruto interno (PBI) y el 56% de las exportaciones del país. También sumaban al argumento que seguían cerradas las exportaciones de trigo y restringidas las de carne. Y que la leche fluida tenía un precio máximo en el mercado interno. Algunas entidades presentaron un modelo de típica empresa agropecuaria del Noroeste, más precisamente de Tucumán (en la nueva frontera agrícola). A partir de las nuevas retenciones, esa empresa distribuía su facturación de la siguiente manera, 38% va al pago de retenciones: 17%, al movimiento de la cosecha; 19% a gastos indirectos y de arrendamientos de tierra; 2,5% son los impuestos a las ganancias y al cheque: el 1% son impuestos provinciales y municipales, y el resultado para el productor sería del 2%. Para este modelo de empresa, el 83% de su resultado aportado al Estado, si el campo es propio. Si fuera sobre campo arrendado, la carga fiscal total sobre sus resultados sería del 95%, agregaban ruralistas. Tambien especialistas refutaban la manifestación del gobierno de que se vendían nuestros productos en dólares y que los insumos se tenían pesificados. Se aclaraba en cambio, que mientras en el mercado libre, la compra de insumos se formaliza a $ 3,17, el dólar de exportación al que se vende la producción, está a $ 3,l4. Pero si se le descuenta las retenciones, el dólar para la soja sería $ 1,76 y para el girasol $1,91. Además otros argumentaban, que si al dólar soja se le descuenta el índice de precios al consumidor (IPC) desde 2001 el tipo de cambio real actual llegaría a $ 0,85 y si se le quita la inflación combinada (mitad minorista y mitad mayorista) sería de $ 0,75. Además se detallaron los porcentajes en que aumentaron los insumos desde diciembre pasado: gasoil, 5%; flete, 23%; fósforo (un fertilizante clave), 29%; urea granulada (otro fertilizante muy usado), 12%; glifosato (herbicida), 23%.