La inmunidad parlamentaria, también
conocida como fuero parlamentario e inmunidad legislativa, es un sistema en
el cual los miembros del parlamento o legislaturas tienen derechos e inmunidades especiales que incluyen, en algunos
casos, inmunidad parcial frente a demandas judiciales. Esas inmunidades se
otorgan con el fin de asegurar que puedan desempeñar eficazmente
sus funciones de legisladores y fiscalizadores.
La inmunidad sólo
se justifica por la libertad parlamentaria que el representante debe tener para
desarrollar su función, pero no significa que no tenga
responsabilidad por los actos de su conducta privada. La idea es garantizarles la libertad
de opinión, que puedan actuar con total libertad. Pero ese es el problema: algunos
actúan muchas veces con tanta libertad que se exceden cometiendo actos
ilícitos.
La Constitución de la Nación Argentina establece
los fueros parlamentarios en sus artículos 68 a 70. El primero indica que
los legisladores no pueden ser acusados en forma judicial por las actividades
propias de su mandato como legisladores, incluyendo las opiniones o discursos
que pudieran formular. El
69 establece que no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la
eventualidad de ser sorprendidos in fraganti (en el lugar del hecho) cometiendo
un delito. El artículo 70
establece que, en caso de presentarse querellas ante la justicia contra un
legislador, el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros
y ponerlo a disposición de la justicia
Un hecho muy importante y lamentablemente
bastante reiterado es la corrupción que
obstaculiza el crecimiento económico por diversos motivos: no permite el adecuado desarrollo de las
infraestructuras al reducir la eficiencia del gasto público, distorsiona la estructura del aparato productivo al
sobredimensionar sectores como por ejemplo el de la construcción, desalienta
al contribuyente reduciéndose la recaudación tributaria y aumentando la
desigualdad, condiciona los procesos de privatización, y deteriora la imagen
exterior del país.
Hay dos sistemas principales de inmunidad. El Reino
Unido, Estados Unidos y otros países conceden inmunidad “reducida”: los
diputados pueden votar y hablar libremente en el Parlamento sin preocuparse por
posibles demandas criminales. El concepto “amplio” de inmunidad es más
controvertido: algunos legisladores afortunados disfrutan de inmunidad frente a todo tipo de persecución, que sólo se
puede levantar con votación parlamentaria. Sus críticos dicen que un
sistema de este tipo permite que los
políticos actúen con impunidad y alienta a los delincuentes para postularse a
un cargo. Muchas veces, están en lo cierto. El Parlamento de Rumania – por
ejemplo - pasó gran parte de 2015 denegando la suspensión de la inmunidad de un
diputado acusado de aceptar sobornos.
En 2006 un intocable parlamentario egipcio negó
haber actuado mal incluso después de que la aduana encontrase 1.700 kg de
sustancia importada ilegalmente a nombre de su empresa. Asimismo, algunos
narcotraficantes, ganaron la inmunidad después de su elección a la Cámara de
Representantes de Colombia. Naturalmente, estos casos socavan la confianza
pública en las instituciones y en la democracia misma.
Las leyes de inmunidad causan problemas pero
también pueden ayudar a frenarlos a través de la salvaguardia de la separación de poderes. En una democracia
frágil, donde el estado de derecho
es débil y el poder judicial es a menudo corrupto, los legisladores corren el
riesgo de persecución por motivos políticos. Si no se controla, el
ejecutivo puede detener a miembros de la oposición con el fin de aumentar su
poder y reducir su responsabilidad. Esto alimenta la corrupción y daña la democracia.
Irónicamente, los países en donde más se
necesita la inmunidad son los más propensos al abuso. Esto presenta un
dilema para los políticos occidentales. Desde hace algún tiempo los ucranianos
han pedido el levantamiento de la
inmunidad de los legisladores como medida contra la corrupción. El año
pasado la Unión Europea exigió que Ucrania aboliera la inmunidad como condición
para un acuerdo de exención de visado. El presidente de Ucrania estuvo de acuerdo.
Pero después de que un informe de los asesores legales de la UE advirtiera de
las posibles consecuencias, el requisito se eliminó.
Fuente: Directivos.Plus
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