(continuación
del blog anterior. Ultima nota)
En cuanto a la
ley de Pago soberano de la deuda externa
(ley 26984 publicada en el B.O del 10/09/2014); el Congreso argentino aprobó la ley para reestructurar la deuda del país
y evadir una orden judicial de un juez en Estados Unidos que forzó al país a
entrar en default.
La ley permite a Argentina pagar su
deuda de unos U$S 29.000 millones bajo leyes extranjeras, en Buenos Aires o en
ciudades por fuera del alcance de la justicia estadounidense. La nueva Ley de pago soberano de la deuda externa
cambia la sede de pago de la deuda reestructurada, que representa el 92,4% del
total de la deuda soberana argentina.
La intención del gobierno argentino,
que impulsó la norma, era sortear el bloqueo impuesto por el juez de Nueva York
Thomas Griesa, quien congeló los pagos a los bonistas reestructurados hasta que
Argentina no le pagara también a un grupo de fondos de inversión que no
entraron en los canjes de deuda, y que ganaron un juicio para cobrar el total
de sus bonos (unos US$1.500 millones). La ley sancionada revoca el mandato del
Bank of New York-Mellon (BoNY) como agente de pago y lo reemplaza por Nación
Fideicomisos SA, una subsidiaria del estatal Banco de la Nación Argentina.
Los acreedores podrán elegir de forma
voluntaria cobrar sus bonos en Argentina o en Francia, bajo la legislación de
esos dos países. La inclusión de Francia como sede alternativa surgió por
reclamos de algunos opositores al gobierno que consideraron que los bonistas
extranjeros podrían rechazar someterse a la Justicia argentina. Según los
impulsores de esta idea, Francia tiene una legislación más benévola para las
reestructuraciones ya que no beneficia a los fondos especulativos (llamados "fondos
buitre").
El ministro de Economía, señalaba que
los bonistas podrán proponer lugares de pago alternativos con la condición de
que estén fuera de la influencia del juez Griesa. La ley también abre un nuevo
canje de deuda voluntario para que los tenedores de bonos bajo ley extranjera
puedan cambiar sus papeles por otros en condiciones idénticas bajo legislación
argentina. La idea del gobierno era que quienes teman que el cobro de bonos con
legislación extranjera puedan verse perjudicado por futuras sentencias
judiciales tengan garantizado el depósito por la justicia argentina. El pago de
la deuda reestructurada se hará a través de una cuenta especial de Nación
Fideicomisos en el Banco Central de Argentina. El gobierno anunció que
depositará allí el dinero “hasta su efectivo cobro por parte de los
acreedores”.
En tanto, se abrirá un
tercer canje de deuda para que el 7,6% de bonistas que no entraron en los
anteriores canjes de 2005 y 2010 (conocidos como holdouts), puedan
reestructurar su deuda bajo los mismos términos de pago del último canje. Incluso
si los holdouts no aceptan esta reestructura, el
gobierno argentino les pagará como si hubieran entrado al canje.
La ley estipula que se depositará
"una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por
los servicios de los actuales Títulos Públicos que en el futuro se emitan” en
una cuenta de Nación Fideicomisos llamada "Fideicomiso de Pago Soberano de
Deuda Pendiente de Canje". Ese dinero podrá ser cobrado una vez que los holdouts acepten reestructurar su deuda.
Este arreglo incluye a los “fondos buitre”, que representan menos
del 0,5% del total de acreedores de Argentina .Según el gobierno, de esta forma
el país cumplirá con la polémica cláusula pari passu, que establece el tratamiento igualitario
entre bonistas y que el magistrado Griesa usó para acceder al reclamo de los
fondos de inversión que exigen el pago completo de sus bonos. Destaquemos que
el juez Griesa declaró que la ley argentina es “ilegal” y advirtió que los
bancos y acreedores que acepten la propuesta argentina estarán incurriendo “en
una clara violación” de su orden judicial.
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