Comentarios sobre la economía nacional

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Un informe presentado por Cáritas, advierte que el 34,9% de la población, unos 4,4 millones de personas en el área metropolitana, vive bajo la línea de pobreza. El índice duplica la medición del INDEC, para quien es pobre el 15,2% de los habitantes, dato mencionado en el informe. La diferencia se explica porque mientras que el cálculo oficial toma un ingreso de una familia tipo de 1250 pesos por mes para acceder a la canasta básica, la investigación presentada en la Universidad Católica Argentina (UCA) considera que el ingreso familiar debe ser de $ 2150 mensuales.

La investigación se basa en una muestra de 1722 hogares y se conoce tres semanas después de las elecciones. Más allá de la medición de la pobreza, señala preocupantes indicadores sociales en una región que reúne al 32% de la población del país y produce cerca del 40% del PBI nacional. De acuerdo con los resultados del estudio, realizado a partir de la inquietud de Cáritas por tener información detallada y real de los indicadores sociales más importantes, el 10,8% de la población de esa zona (1,2 millones de personas) reside en villas o asentamientos precarios.

Algunos datos registran una amplia brecha entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano: el 46,4% de la gente no tiene acceso a cloacas (59,3% en el Gran Buenos Aires y sólo el 2,7% en la Capital) y el 25,2% habita en lugares próximos a basurales (28,8% en la provincia y 13,1 en la ciudad autónoma). En todos los distritos, en cambio, es uniforme la preocupación por la inseguridad. El 54,7% de la gente considera que vive sin protección policial, uno de cada tres personas mayores de 18 años (29,3%) fue víctima de un delito en el último año y el 68% tiene miedo a ser víctima de un hecho delictivo en su barrio, con similares proporciones en la Capital y en los municipios bonaerenses.

El Gobierno dispuso un refuerzo al sistema de subsidios a la energía y el transporte por montos pocas veces vistos en un mismo acto. En dos decisiones administrativas publicadas en el Boletín Oficial se aprobó una redistribución del gasto de $ 6.550 millones, de los que se destinaron más de $ 6.330 millones a reforzar las partidas para cubrir el déficit en el mercado mayorista eléctrico, ENARSA, Yacyretá y los subsidios al transporte de trenes y automotor. El cambio de partidas para reforzar la política energética deja claro una tendencia que no frena: con tarifas congeladas y costos de generación de combustibles en alza, el déficit a cubrir entre las empresas y los consumidores es imposible de frenar.

El Gobierno aumentó en poco más de 38.000 millones de pesos el gasto total del año en curso mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y una decisión administrativa, publicados en el Boletín Oficial. La mayor parte de las erogaciones adicionales tuvo como destino el pago de subsidios a los servicios públicos (cuyo recorte sólo se percibirá desde el año próximo), el aumento en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el incremento de los salarios de los empleados y agentes públicos, y el aumento de las partidas para educación. Las medidas también significan un aumento del déficit fiscal de este año cercano a los 3000 millones de pesos. Cuando envió el proyecto de presupuesto 2012 al Congreso, el Gobierno había previsto un rojo de 11.000 millones de pesos para todo el año, que promete revertir en el siguiente ejercicio. El incremento de partidas sumó casi un 10 por ciento al gasto total previsto para este año. El presupuesto 2011 había sido elaborado también por decreto y por la sola decisión presidencial, una facultad que tiene el Ejecutivo ante ciertas situaciones.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que los datos del organismos sean comparables con los de organismos internacionales. Al Comité le preocupa que, desde 2007, la introducción de diferentes métodos estadísticos en el sistema nacional de estadísticas (INDEC), que no siempre están a disposición del público, plantean dificultades para la correcta interpretación de los datos y la comparación de los avances y desafíos para el goce de los derechos del Pacto (Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) por todos, indica el reporte en su artículo 11. El Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Oacdh, sus siglas en inglés), es un órgano integrado por “expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto de esos derechos

El Gobierno nacional pagó a fines de la primera quincena de dici./2011 con reservas internacionales aproximadamente 2500 millones de dólares correspondientes al cupón PBI, según confirmaron fuentes oficiales. En consecuencia, luego de esta erogación las reservas se ubicarán en el orden de los 44.600 millones de dólares.