La economía que se aproxima en nuestro país ¿será sostenible?

Nos preocupa la economía que se avecina en Argentina y que será dirigida por el gobierno electo en octubre de este año. Hemos analizado el contexto actual de las situaciones que presenta el país y nos lleva en este blog a comentar lo que existe en la realidad actual y lo que se promueve para el futuro. A veces nos cuesta interpretarlo ante las informaciones que oficialmente se brindan y que conocemos muchas dejan de ser reales pretendiendo dar un horizonte de franca superación, base esencial de estas opiniones que, según ellas, aseguran un porvenir venturoso. Debemos recordar que las falsas informaciones estadísticas han promovido en algunos países, consecuencias desagradables y han precipitado hacia grandes depresiones.

La Argentina es un país que trata de maximizar consumo. Una de las causas de esto es que la tasa de devaluación esperada es baja, la tasa de interés real es negativa, la gente no tiene estímulo para ahorrar y entonces consume. El consumo privado sigue creciendo a muy buen ritmo, pero por el otro lado el ahorro doméstico es cada vez menor. El 80% de la población no se preocupa por inversiones alternativas y consume, en la práctica, todo su ingreso. En el futuro, se necesitará un rol más determinante de la inversión, por encima del protagonismo actual del consumo. La evolución de la inversión, de hecho, también muestra señales contradictorias. En el primer semestre crecería cerca del 18%. Su participación en el PBI se ubica cerca del 21%, un cociente bajo para sostener este ritmo de expansión.

Con respecto a la salida de capitales, en abril y mayo emigraron más de US$ 3.000 millones. Al ritmo actual, la salida de capitales para el año estará entre 14.000 y 15.000 millones de dólares. Pero el número final dependerá del panorama político y electoral. Hay quienes estiman una la salida de 16.000 millones. Desde la crisis de EE.UU del subprime estiman que se fueron más de 60.000 millones.

Varias reformas deberá encarar la administración, que gane las elecciones. Una de los primeros temas será la convergencia a tasas de crecimiento sostenibles. Una moderación en el ritmo de crecimiento del consumo público y privado sería deseable para contener la inercia inflacionaria. Dicho ajuste podrá tener consecuencias no convenientes en el corto plazo. Por ejemplo, el impacto inflacionario de la eliminación de los subsidios y regulaciones sería cercano a los 22 puntos, aunque el efecto final sobre el índice de precios sería aún mayor por la reubicación que se produciría en otros sectores de la economía. El ordenamiento fiscal debería ser acompañado por una política monetaria neutra, con tasas de interés más elevadas. Para eso se debería recuperar, al menos parcialmente, la independencia del Banco Central, que no fue respetada por el Ejecutivo.

El otro gran frente en el que se debe trabajar es el de la competitividad. La Argentina debe reformular su perfil productivo exportador, que se ha dado prioridad parcialmente, y la organización económica de 2012 en adelante debería tender a ser en cuanto a incentivos más cercana a Perú, Chile, Brasil o Uruguay que a Venezuela. Se necesitan cambios de fondo. Se espera, por ejemplo, que los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social sean más protagonistas. En definitiva, el modelo productivo precisa un ajuste integral. Estos ocho años dieron frutos parciales, pero la continuidad de las actuales políticas llevará inevitablemente al deterioro de los logros. El tiempo del sustento de la soja todavía juega a favor.

El problema de política económica en el país tiene dimensiones específicamente técnicas, pero con efectos inmediatos e inevitablemente políticos. Desde el punto de vista técnico, el problema es cómo restaurar la competitividad y el equilibrio fiscal sin acelerar la inflación y la fuga de capitales. Recobrar la competitividad es necesario para que la solvencia del país no dependa de manera dominante del precio de las exportaciones agrarias – pero ello implica acelerar el ritmo de devaluación del peso – y con ello la fuga de divisas y, en cierta medida, la inflación. Recomponer el equilibrio fiscal exige reducir la cuenta de los subsidios a la energía y al transporte en el Gran Buenos Aires – pero ello implica incrementar las tarifas y, con ello, incentivar la transferencia a precios de los aumentos y las demandas salariales orientadas a ganarle a la inflación.

Es posible reducir la inflación sin costos de desempleo con una buena administración de las expectativas inflacionarias, es difícil pensar que un gobierno con un discurso que niega la inflación y la validez de la teoría monetaria, que ha intervenido el INDEC y comprometido la independencia del BCRA pueda creíblemente convertirse en un paladín de la ortodoxia monetaria. Esto implica que es muy probable que un plan de estabilización implementado por este gobierno y el banco central tenga altos costos recesivos y por ende dificilmente será implementado. Mientras tanto, todos tememos sufrir el flagelo de la inflación.

De ahí que el oficialismo deberá estar buscando una estrategia que maximice poder para encauzar la economía en el corto plazo y aumentar las posibilidades de supervivencia en el largo plazo. Un pacto social para sostener una política económica moderadamente restrictiva exige concentrar poder político para administrar los costos, pero una reforma constitucional diseñada contra los competidores internos puede fragmentar velozmente ese poder.

El desempeño del oficialismo en las primarias y la probable reelección de la presidente colocan al Gobierno ante problemas que ni la voluntad política ni la retórica pueden sustraerse al análisis. Un problema fundamental de política económica será: cómo resolver los desequilibrios acumulados sin altos costos sociales o económicos.