La inflación es un impuesto que históricamente los gobiernos suelen trasladar sobre el “pueblo”. Se le dice impuesto porque es una redistribución del ingreso en términos forzosos, a la que se obliga a todos las personas que tengan un sueldo en pesos. La explicación de esto es que la parte del precio de nuestro signo monetario que se pierde debido a la mayor oferta que de él hace el gobierno, la destina el propio gobierno, generalmente a financiar el déficit.
Conforme a esto el impuesto inflacionario es pagado por cualquier miembro del público que posea dinero, porque la inflación erosiona su poder adquisitivo. Por ejemplo, cuando la tasa de inflación es del 15% anual, una persona que mantenga efectivo pierde el 15% de su poder adquisitivo y, por lo tanto, ciertamente paga un impuesto del 15% sobre su reserva real de dinero. Expresado en otros términos: el impuesto de estas características es igual a la tasa de inflación multiplicada por el saldo real de dinero en manos de agentes privados. La reducción del valor real del saldo monetario causada por inflación es dicho impuesto, o sea, la cantidad de recursos reales que “el gobierno detrae al imprimir dinero nuevo y generar inflación.”
Este impuesto y el denominado “señoreaje” son dos conceptos estrechamente vinculados, pero diferentes. El primero – según lo hemos indicado -, se refiere a la pérdida de capital que sufren los agentes económicos que poseen efectivo como consecuencia de la inflación y tradicionalmente se calcula como el cambio en el nivel de precios (la inflación) multiplicado por la oferta real de dinero. En cambio, el “señoreaje” es el ingreso que permite el gobierno y/o el Banco Central como resultado de su poder monopólico al imprimir monedas y billetes, es casi nulo y con ellos se puede comprar bienes y servicios. Así el señoreaje se puede expresar como el poder adquisitivo del dinero que se pone en circulación, es decir, el cambio (absoluto) de la oferta nominal de dinero, sobre el nivel de precios.
Ampliando el concepto: esta pérdida del valor real del dinero, por efecto de la inflación, se manifiesta sobre los tenedores de moneda; y los sectores de ingresos fijos (asalariados y jubilados), que son los que reciben el mayor impacto de este tributo, por lo que se dice que es el impuesto más regresivo. El fenómeno se genera cuando la expansión monetaria supera lo admitido por los agentes económicos, y por tanto en lugar de ser retenida en los portafolios se vuelca a la compra de bienes y servicios, y de ese modo se convierte en una fuente de financiamiento para el sector público, vía aumento del nivel general de precios y mayor recaudación nominal. Lo opuesto, es la pérdida de poder adquisitivo que sufren los tenedores de pesos, y suele ser similar a lo recaudado por retenciones a las exportaciones.
La inflación puede resultar beneficiosa para un Gobierno, ya que permite financiar el déficit, porque en vez de bajar el gasto aumenta los ingresos al subir los precios de las operaciones sobre las que cobra impuesto. Del otro lado, la inflación es el impuesto más injusto, porque castiga el consumo de los más vulnerables.
En el país, las estimaciones del impuesto inflacionario en diversos años ha sido la siguiente (en % PBI): 2006: 7.559 millones de pesos (1,2%); 2007: 17.737 mill. (2,2%); 2008: 20.238 mill. (2,0% ); 2009: 20.101 mill. (1,8% ); 2010: 41.091 mill. (2,8%).
Es obvio que todos los países del mundo, en algún momento de su historia han experimentado procesos inflacionarios. Sin embargo lo que se debe tener siempre presente es que esta variable ataca de manera más ingrata a las personas más necesitadas, las cuales ven como rápidamente sus ingresos pierden su poder de compra. Este gran sector de la población no puede refugiarse en moneda dura, ni tiene capacidad de ahorro para emprender proyectos de inversión que los ayuden a preservar su poder adquisitivo. Será necesario, en cualquier gobierno, abordar este delicado tema, porque los costos sociales y económicos son muy elevados.
En países con inflaciones elevadas, que en ocasiones superan el 30%, el poder adquisitivo de la población se disminuye en un solo año en ese porcentaje, lo que hará que muchas personas tengan dificultades para acceder a los bienes mínimos necesarios para subsistir. Un caso concreto es lo que ha sucedido con los precios de los alimentos que se han incrementado hasta un 50% en casi todos los países del mundo. Así, una persona de bajos recursos que dedicaba la mitad de sus ingresos para alimentación, ahora tiene que dedicar casi todo su ingreso para alimentarse, lo que le imposibilita acceder a otros bienes y servicios como vivienda, salud, recreación, etc. Son las personas pobres las más afectadas cuando se presenta un fenómeno inflacionario, puesto que no están en condiciones de incrementar sus ingresos en la misma proporción en que se incrementan los precios de los bienes y servicios. Por las anteriores razones es que popularmente se afirma que la inflación es el impuesto de los pobres, puesto que disminuye directamente su capacidad de consumo, efecto que tiene cualquier gravamen.
Fuentes: E&R en base al BCRA y estimaciones
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