Consciente del envejecimiento demográfico, la Comisión Europea se encontraba en la necesidad de definir un nuevo marco normativo común para regular la inmigración de trabajadores extranjeros. Esto impulsó a presentar el denominado Libro Verde sobre Gestión de la Inmigración Económica. El libro del 11/01/2005 proporcionaba una serie de ideas para instaurar un marco comunitario en materia de inmigración económica; entre otras cosas, dotar a la Unión de criterios comunes para la admisión de nacionales de terceros países, simplificar los procedimientos de entrada, y clarificar los derechos y el estatuto jurídico de los distintos tipos de emigrantes. Hacía hincapié también en la importancia de medidas complementarias para garantizar una buena gestión de la inmigración. Por su lado la reciente fundada Agencia Europea de Fronteras Exteriores buscaba convertirse en un futuro en la coordinadora de una política de inmigración conjunta para toda la Unión.
Se propusieron algunas pautas para controlar la inmigración ilegal, creando redes de información en los países de origen de los inmigrantes y logrando la buena disposición de los Gobiernos de dichos países; pero la base era que para regular una inmigración legal, se hacía necesaria una política de integración efectiva.
De esto se dedujeron también algunas particularidades, así por ejemplo, las fronteras de España ya no sólo le correspondía a los españoles. Era la puerta de Europa, y la salida de emergencia, para millones de personas. El problema era grande y la solución se presentaba poco perfilada. Europa no tenía capacidad para recibir a todos los que sueñan con alcanzarla. La inmigración era un fenómeno en España; no así para Europa. Aunque en la actualidad todos los países de la Unión Europea están preocupados por este problema.
Estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, han demostrado que la inmigración tiene un impacto positivo sobre el empleo y el crecimiento, que resulta innegable por dos razones: aumenta la oferta de mano de obra y tiende a ejercer un efecto positivo en la demanda de productos. Además, ante un envejecimiento poblacional, es casi imprescindible incorporar inmigrantes jóvenes para suplir la carencia de éstos.
Pero, pese al rechazo de las organizaciones de derechos humanos y otras instituciones, los eurodiputados votaron a favor de la norma que endurece las medidas contra los indocumentados. El Parlamento Europeo aprobó la ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE). El texto, fue aprobado sin modificaciones con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Cada país deberá adoptarla en su respectiva legislación nacional en un plazo máximo de 2 años. La disposición plantea el principio de "retorno" de todo extranjero en situación irregular (los demandantes de asilo no están incluidos) hacia su país de origen, un país de tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre y cuando sea admitido. La normativa deberá recibir el último visto bueno formal de los ministros de Justicia e Interior en su reunión prevista en julio y entrará en vigor poco después.
La nueva ley prevé que una vez identificado como indocumentado por las autoridades, el inmigrante tendrá un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el país. Si las autoridades consideran que existe riesgo de que fugue o no cumpla con la orden de expulsión, podrán detenerlo por 6 meses, mientras su deportación es procesada. Además, establece que los indocumentados no pueden retornar a la Unión Europea (UE) durante un período de hasta cinco años y que los menores de edad que no estén acompañados puedan ser repatriados a su país. La duración máxima de retención es de seis meses, pero puede ser prolongada hasta 18 meses en caso de "falta de cooperación" del clandestino o retrasos para obtener los documentos necesarios de los países terceros. Más allá de los 18 meses, cuando la expulsión parezca imposible, el clandestino recupera su libertad.
Tras el endurecimiento de la UE con los inmigrantes ilegales, el gobierno español anunció que hará "un esfuerzo diplomático" con los países de la región. Ante el aumento de la desocupación, el Gobierno ibérico lanzará un plan de retorno voluntario adelantando el pago de subsidios. También adoptará medidas para restringir el número de familiares de extranjeros que obtengan permiso de residencia. el Gobierno español presentará un plan de retorno voluntario para los extranjeros desempleados que quieran regresar a sus países de origen. El proyecto pretende incentivar el regreso de estos inmigrantes adelantando parte del pago del subsidio por desempleo que les corresponda.
El plan, que entrará en funcionamiento en julio, responde a la desaceleración económica que afecta a España y que incrementó notablemente el número de desocupados, sobre todo entre la comunidad inmigrante. El gobierno español cree que unos 20.000 extranjeros podrían acogerse a estas medidas. Se confirmó que España no aplicará en ningún caso el periodo máximo de 18 meses de retención para inmigrantes sin papeles que prevé la ley de retorno aprobada por la Unión Europea. En España residen casi 4,5 millones de inmigrantes, más de un 10% del total de la población española. Un millón proceden de países de América Latina, especialmente de Argentina.
Latinoamérica cerró filas contra la medida aprobada por el Parlamento Europeo que da vía libre a la encarcelación y posterior expulsión de inmigrantes que se encuentren en su espacio interior y que afecta a millones de ciudadanos de esta región. Desde Brasil hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, hubo un rechazo unánime a la medida asumida por la Europa comunitaria.
La acción ha sido recibida con creciente preocupación a nivel internacional ante temores de que Europa restrinja los derechos de aquellos que buscan refugio en naciones de la UE.
Tras su aprobación en la Eurocámara, prácticamente toda América Latina y muchos países africanos críticaron la medida. Se aseguraba que esa medida viola los derechos humanos, por lo que los países de América Latina debían unirse para solicitar a las autoridades europeas que modifiquen la disposición. Brasil deploró la decisión del Europarlamento, por considerar que crea una "percepción negativa" de las migraciones. "Brasil, recibió a millones de inmigrantes y hoy en día viven armoniosamente", dijo la Cancillería.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, rechazó la ley “represiva” contra los indocumentados aprobada por la Unión Europea, que contempla la detención de hasta 18 meses y la prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.
En un aspecto general podemos comentar que no se puede resolver el problema del envejecimiento de la población sólo a través de la inmigración. Puede aliviar las consecuencias pero no resolver el problema. Si ésa fuera la única solución, se debería captar a un número todavía más grande de inmigrantes, y tener políticas que no favorecieran que regresaran a sus países.
En muchos sectores existe el convencimiento que la inmigración es una solución para Europa, y concretamente para España, sin trabajadores extracomunitarios se estaría hablando de una Europa vieja. El motor de España es la mano de obra extranjera; gracias a los trabajadores de otros países España estaba creciendo económicamente por encima de la media europea. Los extranjeros generan riqueza en todos los ámbitos: económico, social, cultural, intelectual. Una riqueza que hay que cuidar y mantener, seleccionando a los que ingresan, que respeten el lugar adonde llegan, y que contribuyan a fortalecer un país.
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