domingo, 15 de enero de 2012

Temas económicos del país

La economía crecerá entre 3% y 4% en 2012, según las consultoras privadas. El Gobierno, más optimista, estableció un piso del 5,1% a la expansión prevista para el año que comienza. La inflación podría desacelerar un poco o continuar creciendo a más del 20%, aunque el INDEC fije un Índice de Precios al Consumidor de 9,4%. Estas son las dos visiones de la economía que viene, marcada por la crisis mundial, el mercado interno y la situación de los principales socios comerciales: Brasil y China. La mayoría de las consultoras privadas estipularon un crecimiento de alrededor de 3,7% para 2012. Contrasta con una expansión del 7% o casi 9%, según las mediciones extraoficiales y los pronósticos del Gobierno en base a datos del INDEC.

Finalizado el 2011 con un déficit fiscal de $ 50.000 millones, en 2012 lo que se buscará es bajar el gasto público y recaudar más con más impuestos y más control. Eso constituye, evidentemente, un “ajuste”. Más aún cuando por el impacto de la crisis internacional y los desequilibrios internos, el crecimiento económico se está desacelerando.
Tras las elecciones presidenciales, se ordenó avanzar en la quita de los subsidios; no se repitieron los pagos extras que en los últimos años habían cobrado jubilados, beneficiarios de la Asignación por Hijo y empleados públicos. Se decretó revisar la sueldos de los empleados públicos; se transfirieron los subtes a la Ciudad de Buenos Aires; también se hicieron aprobar por el Congreso cambios en el impuesto a las Ganancias sin ajustar por la inflación las escalas y el mínimo no imponible; además aumentó el impuesto interno a los autos reduciendo el piso imponible y puso en marcha el recargo tarifario para el gas importado.

Al mismo tiempo, envió un mensaje a los gremios para que las paritarias de 2012 no superen el techo del 18%; acentuóse los controles para la compra de dólares y se tomaron medidas adicionales de restricción de las importaciones y para el giro de divisas al exterior. Como se ve, un balance más que intenso y completo en apenas 60 días.

En 2011, la cuenta subsidios superó los $ 85.000 millones, un 60% más que en 2010. El 80% fueron a Energía y Transporte. Representan, en promedio, $ 2.130 anuales por habitante o más de $ 8.500 anuales por familia tipo. Por ahora, solo se eliminaron a los que renunciaron en forma “voluntaria” y a empresas y barrios residenciales, con un fuerte impacto sobre esos sectores pero con muy poca incidencia sobre el total. Pero como señalan algunos informes “más allá del planteo oficial respecto a que esto representa una baja de subsidios y ningún aumento tarifario, es evidente su incidencia. Por ahora de una porción acotada, pero si se pretende maximizar el ahorro fiscal debería ensancharse rápidamente a más segmentos de la población (dejando afuera a los más necesitados) y a más sectores como el transporte”.

En base a la incidencia de la energía y el transporte en el gasto de los hogares, el mismo informe dice que “si se extrapolara a toda la población la eliminación anunciada de los subsidios”, con un aumento en las facturas de 200% y un 100% en la tarifa de colectivos y trenes, de acuerdo a la canasta del INDEC el impacto sobre la inflación “debería ascender a 7,6 puntos porcentuales”. Esto sin considerar aún la incidencia sobre la inflación del eventual repaso a los precios del mayor costo de la energía en las empresas.

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno ordenó revisar los pagos “extraordinarios” de más de 300.000 empleados públicos con el objetivo de “limitar su alcance”, o sea reducirlos o eliminarlos. Esto, según ATE, ya se puso en práctica en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en la CNEA (Energía Atómica) porque no se pagaron adicionales o bonus anuales que sí se efectivizaron en los años anteriores y que son parte del “salario normal y habitual de los trabajadores”. Si en 2011 la inflación fue del 25% (promedio de las Provincias), con la suba de las tarifas, difícilmente baje en 2012. Aún así, desde el Gobierno le avisaron a los sindicatos que pretenden que acepten subas de hasta 18%.

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