La Unión Europea (UE) adoptó un protocolo contra las crisis financieras. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España publicaron el texto de un acuerdo de cooperación que entró en vigor el 1 de junio. Lo hemos leído y lo comentamos:
Parte de la premisa de la necesidad de estar preparados ante la inminencia de alguna crisis. El acuerdo prevé la creación de una red de intercambio de información (que funcione incluso si no hay crisis). Se prevé el establecimiento de medios de comunicación como la vídeo conferencia, la teleconferencia o el correo electrónico. El texto, consiste en un protocolo de actuación coordinada en caso de una crisis sistémica y es el resultado del acuerdo aprobado por el Consejo de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) el pasado 4 de abril y que sustituye a otro de 2005. El escrito parte de algo aparentemente tan simple como la necesidad de alcanzar un consenso sobre qué se entiende por crisis sistémica y definir los conceptos
Se trata de asegurar que la información relevante se transmita sin demora al coordinador transfronterizo, de una crisis. Cualquier organismo que tenga información relevante sobre una entidad o sobre un mercado, deberá compartir la información inmediatamente. Esa información será difundida a todo el sistema. Los ministerios de economía, los bancos centrales y los supervisores actuarán unidos para combatir la crisis financiera. Desde el pasado 1 de junio funciona el acuerdo de actuación ante problemas del sistema financiero, creando una red de comunicación directa entre los organismos nacionales y comunitarios.
La gestión ante una crisis dentro de ese espacio requiere de una estrecha cooperación entre los supervisores de los países y una estructura basada en procesos y protocolos acordados en tiempos de calma. Un grupo voluntario de estabilidad de los sectores se encargará de coordinar las acciones. Las partes tendrán una lista de contactos de suficiente rango y se la comunicarán al resto de los interesados para facilitar la pronta activación de una política coordinada. El manual del acuerdo entre las autoridades financieras y supervisores de la Unión Europea, precisa detalladamente cómo actuar en estos casos.
El texto publicado tiene varios objetivos bien definidos: crear un marco apropiado de cooperación para preparar soluciones y acciones comunes para atemperar los efectos de una crisis; el intercambio de información relevante para la preparación, la gestión y la resolución de una situación sistémica financiera; la coordinación de la comunicación a la opinión pública, y el establecimiento de planes de contingencia, incluidos ejercicios de simulación y puesta a prueba de los procedimientos.
En caso de una crisis de liquidez, el banco central del país de origen de la crisis gestionará la situación coordinando con el resto de los organismos, incluyendo una posible asistencia de liquidez de emergencia. Se involucra en este cometido al Banco Central Europeo conforme con sus responsabilidades.
Todos los organismos cooperarán para identificar soluciones a la crisis. Un grupo de supervisores planeará y coordinará la gestión de la situación con el banco central del país de origen del problema. Los bancos centrales tomarán posiciones coordinadas en caso de problemas de liquidez.
Como un coherente sistema, el protocolo contempla la creación de un coordinador nacional, un organismo encargado de llevar a cabo las actividades de los supervisores nacionales, que hace las veces de interlocutor con otros coordinadores. Cuando se produzca una crisis se creará un Grupo de Estabilidad Transfronteriza entre los supervisores de los países más afectados, y en caso de no haberlo, será el coordinador nacional del país donde se presente la crisis el encargado de supervisar la gestión. El acuerdo contempla asimismo la cooperación con las autoridades de terceros países, ajenos a la UE, de ser necesario.
Tras un alerta de crisis, los supervisores del país, su banco central o el Banco Central Europeo (BCE), según convenga, determinarán cuáles son las impactos para el sistema financiero. Los organismos se comprometen a utilizar una terminología y un marco de análisis común para determinar las implicaciones del alerta.
Según el protocolo, la Unión Europea primará siempre soluciones a una crisis desde el ámbito privado. El uso de dinero público para resolver el problema crítico no está garantizado y sólo se considerará para remediar una situación delicada de la economía y cuando se estime que los beneficios sociales exceden el costo a cargo de las cuentas públicas. O sea, que las autoridades comunitarias no están dispuestas a salvar a las entidades con problemas, salvo en casos muy extremos. El protocolo deja en manos del ministerio de Economía del país de donde proceda la situación de una entidad financiera con problemas, el decidir qué fondos se usan y a qué se destinan.
El protocolo no deja de ser novedoso, entendemos que su aplicación puede ser eficaz. Veremos en la práctica como se comportará llegado el caso.
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